El lunes pasado Sedatu (Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano) dio nota importante en el sector vivienda al anunciar la liberación de una partida de 400 millones de pesos que será destinada a subsidios para adquisición de vivienda.
No… Sobra decir que esos 400 millones de pesos no van a compensar la desaparición de esa partida en el Presupuesto de Egresos de la Federación, y menos cuando el monto no alcanza a ser ni la décima parte de lo que en años anteriores se ha destinado a este fin, pero no deja de ser una noticia importante el que la dependencia haya considerado la necesidad de estos recursos y hecho los ajustes necesarios para no dejar en ceros este concepto.
Serán 400 millones de pesos que se destinarán a subsidios ligados a créditos Infonavit y se otorgarán con base en las reglas de operación que aún están siendo revisadas.
Analizando el tema sin mayor profundidad, es evidente que estos recursos se van a acabar en menos de dos meses y si acaso servirán para liberar presión en las líneas de producción de proyectos habitacionales destinados a este segmento de población.
No hay que perder de vista ni que el año pasado se destinaron a este fin 3,500 millones de pesos, ni que el que después de todo lo que pasó en este año con esta partida, haber rescatado 400 millones puede ser el antecedente que permita analizar futuros modelos de atención a la demanda de los segmentos de menores ingresos y encontrar, quizá, la posibilidad de que este año pueda haber otras partidas para que el cambio de esquema no se traduzca en desatención a la gente ni en turbulencias en la industria de la vivienda.
Y ojo, que tampoco hay que perder de vista que la cancelación del subsidio cierra la posibilidad de otorgar este apoyo, al menos por el momento, a un segmento de población que se había dicho que sería prioridad en las nuevas políticas de vivienda; los famosos No Afiliados.
Lo relevante será asumir la urgencia de replantear mecanismos para dar acceso a la vivienda a los segmentos de menores ingresos, entendiendo a este grupo de población desde un punto de vista que contemple sus debilidades y diferencias en fuentes de trabajo.
Es simple; no se puede entender una política de vivienda si no se multiplican las opciones para atender en forma integral a los segmentos de menores ingresos.
Y sí, habrá que generar mecanismos de crédito, pero también inevitablemente canales de subsidio e instrumentos que permitan atender el problema incluso desde los programas de desarrollo urbano y sus instrumentos de usos de suelo, así como a través de políticas de simplificación administrativa que permitan reducir los cada vez más altos costos de los permisos necesarios para cualquier desarrollo habitacional.
No se trata solo de generar estos instrumentos, sino de hacerla bajo una estrategia integral y coordinada que responda a criterios, normas y presupuestos multianuales… Porque si no se hace así es cuestión de tiempo para que no haya quien se interese en hacer las casas que hacen falta para atender a este segmento.
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