La ciudad en pie de lucha

POR ERNESTO BETANCOURT A.

La ciudad está en pie de lucha; nos encontramos en un momento inédito en la Ciudad de México, por primera vez en su historia confluyen dos condiciones peculiares y desconocidas hasta ahora y que nos tienen en pugna: por primera vez el territorio habitable se nos agotó, las áreas susceptibles para recibir habitantes dentro de la cuenca con posibilidad de acceder a servicios metropolitanos y conectividad agotaron su disponibilidad. No es que un territorio tan basto se haya colmado, es la factibilidad para absorber urbanización la que se colmó. Pero esto por sí solo, no explica todo el problema, hemos dicho que son dos las condiciones simultáneas que tienen a la ciudadanía confrontada: la capacidad de gestión de las autoridades, de los cacicazgos locales y de los partidos políticos -que por mucho tiempo ofrecieron y consiguieron regularizar la propiedad y dotar de servicios a los asentamientos irregulares a cambio de votos y soporte político, se encuentra francamente mermada, resquebrajada, si no es qué absolutamente inhabilitada. El patrocinio de invasiones, dotación de agua, luz o caminos que los gobiernos metropolitanos ofrecieron como mecenazgo político por décadas para mantenerse en el poder, hoy ya nadie lo puede garantizar.

Algunos dirán que esa capacidad se agotó hace tiempo -puede ser, pero mientras existió la posibilidad de que grupos marginales ocuparan tierras sin urbanizar, ejidales o protegidas, al cobijo de las autoridades para canjear escrituras y servicios, tramites y permisos por vasallaje social, o infraestructura y servicios para cazadores de tierra barata y fraccionar la periferia, los gobiernos aseguraron su feudo y su permanencia, mantuvieron un equilibrio social precario pero estable y de paso hicieron buenos negocios. Esta complicidad generó el clientelismo entre organizaciones sociales y cacicazgos gubernamentales, entre políticos cínicos y coludidos con fraccionadores. Esa dupla perversa se resquebrajó hace un par de décadas, no por voluntad de cambio, si por la extensión y el gigantismo metropolitano y por la fractura en las estructuras de poder que se diversificaron en distintos grupos y partidos antagónicos atomizando el poder y su capacidad de gestión. El resultado de más de 50 años de esa simbiosis perversa dejó un saldo de desigualdades y carencias, de propietarios pobres, de dotación desigual e insuficiente de servicios, agua, escuelas, transporte, de depredación extensiva del territorio y de una relación viciada entre gobierno y gobernados. La otra cara de la moneda: la abundancia y la laxitud y el contubernio gubernamental para asignar tierra rural con todo y uso a los fraccionadores privados no fue menos perversa, en lugar de densificar el centro se propició una densidad horizontal periférica, al nor-oriente para los pobres y al sur poniente para los ricos y se lograron pingues negocios haciendo del territorio un botín económico y político.

Estas dos condiciones nos tienen hoy en una encrucijada y en una confrontación inédita entre habitantes, autoridades, vecinos, empresarios, transportistas, comerciantes y desarrolladores por el “derecho a la ciudad”, por su derecho a la ciudad, al suelo #urbano y al usufructo del mismo. Es por eso que entre otras cosas los líderes de grupos acostumbrados a mediar entre invasores y caciques gubernamentales, entre suelo y servicios, entre los que se hacen de la vista gorda y los que votan por ellos andan confrontados, los MUP`s Panchos Villas, Antorchas -entre otros clanes, andan en pie de lucha contra el PRI, PRD, PAN y el hoy advenedizo MORENA, pierden liderazgo y pierden su modus vivendi, su esquema de gestión del suelo urbano basado en invasiones pactadas y marchas concertadas ya no puede ser respaldado por el poder en turno: debilitado, fracturado y sin capacidad de gestión con los prestadores de servicios, ni con los otros niveles o áreas de gobierno. Lo mismo ocurre con los desarrolladores privados, ya no queda mucha tierra disponible en la periferia y muy pocos compradores con recursos desean ya vivir a dos horas periférico de los centros de trabajo y diversión, los permisos y licencias se han vuelto demasiado caras por la extorsión y el cohecho, así la lucha por el territorio urbanizado se ha vuelto asunto cotidiano y sube de nivel día a día.

Al interior de la metrópoli, aquellos que lograron consolidarse en barrios urbanos los autodenominados: “vecinos” se aferran a sus privilegios -por exiguos que puedan ser en algunos casos, y los defienden con una visión y pasión parroquial, cualquier intento por cambiar ese estado de privilegio, no solo en las colonias desfavorecidas, sino igualmente en los barrios de clase media o de ricos, acaba en enfrentamientos a veces incluso con violencia. Aquí al revés del texto bíblico, se han multiplicado los consumidores de pan pero no el pan.

La ciudad creció basada en un pacto: el gobierno consintió una ocupación irregular y dispersa, vendiendo y administrando suelo barato, suburbano y periférico a los ricos y donado tierra yerma a los pobres, cobrando por la regularización, licencias, dotación de servicios y vías de comunicación en metálico a los primeros y soporte electoral a los segundos, tratos siempre apuntalados por la corrupción y complicidades perversas. Hoy ese pacto se ha roto, la demanda de espacio supera a la oferta, la tierra escasea y el valor se encarece día a día, la provisión de servicios resulta cada vez más compleja y cara, la pugna por el suelo urbanizado es cada vez más álgida, la riña estéril por los “usos del suelo” sería ridícula si no fuera por lo insólita y desmedida que se ha vuelto. Mientras tanto la desconfianza en la autoridad crece potencialmente -con razones de sobra para ello, las cientos de leyes, normas y ordenanzas que rigen el desarrollo urbano son obsoletas y encarecen la corrupción, solo reflejan negociaciones coyunturales entre delegados, diputados y grupos vecinales, resultado de agendas de corto plazo, clientelares, abusivas y electoreras.

Ante ese panorama la izquierda que gobierna la ciudad desde hace casi dos décadas ha intentado trazar estrategias sin gran éxito, se habla mucho de ciudad compacta, nuevas centralidades (sic), ciudad policéntrica, ciudad re-densificada, pero la verdad es que los logros -que los hay, son exiguos considerando el tamaño del problema y únicamente se ha generado más burocracia, normas absurdas como el bando 2 o la norma 26, que no solo no han corregido la inequidad sino que la han empeorado, no dejan de ser en el mejor de los casos buenas intenciones cobijadas por conceptos huecos, y que muchas veces alientan la corrupción.

¿Existe alguna solución?, yo creo que sí, por lo menos creo que existe una ruta profiláctica: el eje es y debe ser la #vivienda. Pero mientras la mayoría no tenga una vivienda digna, vea amenazado su derecho a la misma, o los poseedores de un pedazo de suelo -por modesto que sea, vean amenazados sus privilegios, no hay manera de discutir todo lo demás; los proyectos estratégicos, las leyes y normas urbanas, los canales de financiamiento, la gobernanza o la participación ciudadana, La gente está pugnando hoy por vivir de manera digna, cerca de su trabajo y de la escuela de sus hijos, rodeada de espacio público seguro y amigable, y aquellos que lo tienen ven amenazado su hábitat domestico por la presión inmobiliaria y la gentrificación. La pugna por el suelo solo puede ser atenuada si la población posee una vivienda urbana y decorosa, imaginemos un stock único de medicinas o alimentos disponible al mejor postor, todos estarían pujando por ello y los que poseyeran algo de stock lo cuidarían y defenderían con su vida, eso es lo que está pasando con el suelo urbano. La ciudadanía esta cansada, enojada y desconfía de las autoridades o de los inversionistas, razones para ello sobran, cualquier iniciativa que venga del gran capital o del Estado es vista como una imposición y/ o un negocio turbio -y muchas veces lo es, muchos de los políticos de cualquier nivel tienen negocios en bienes raíces, se benefician o financian sus campañas políticas con fondos privados, casi siempre provenientes de los desarrolladores inmobiliarios por lo que se establecen compromisos opacos, cuando no francamente de burda corrupción, así no hay modo de ser imparcial.

No hay más remedio que re-asignar el uso del territorio para vivienda principalmente la de carácter social, vivienda centralizada, con usos mixtos, de media y alta densidad, y para ello tampoco hay más remedio que subsidiar el suelo, la norma 26 es un subterfugio inoperante, y los organismos de crédito para el desarrollo están entrampados y estrangulados por la banca, las sofoles y los consorcios inmobiliarios, La estrategias públicas siguen ignorando lo fundamental: la disponibilidad y el valor del suelo, ese debe ser el centro de la discusión y la solución. El eje – insisto, debe ser la vivienda, el Estado como proveedor de servicios públicos; salud, educación debe incluir en ellos a la vivienda, y para ello debe obtener y proveer suelo. No hay otra manera de subsidiar el derecho a la vivienda de los más desfavorecidos que aportar suelo, pero al interior de la ciudad, de eso se trata el derecho a la ciudad y de vivir en ella, no de usarla como turista, sea por pobres o ricos. Algunos de los fondos del gobierno: donaciones, aprovechamientos o derechos contenidos en el Código Fiscal deben usarse para obtener reserva territorial no para proyectos innecesarios o programas asistenciales, mucho menos para financiar campañas -Así no, dicen los que saben. El GDF y el Gobierno Federal posee mucha reserva territorial en sitios privilegiados, desperdiciada y mal utilizada, esa tierra debe ser aportada para proveer vivienda social, muchos de esos predios de gran valor estratégico están sub utilizados, abandonados, o como encierros de transporte, bodegas o pozos de extracción.

Es tiempo de reasignar el uso de esos predios y de acabar con los cacicazgos que promovieron ese crecimiento informe y desigual del territorio, de acabar con los que medraron con la necesidad de vivienda de los grupos desfavorecidos haciendo de ello un modo de vida, y pasar a establecer políticas públicas claras, transparentes, crear ciudadanía, no cómplices del subdesarrollo marchando por las calles secuestrados por caciques, por la partidocrácia o la vecinocrácia, crear políticas que favorezcan el desarrollo generador de riqueza e instrumentos para su redistribución equitativa, la ciudadanía empieza en un solo sitio; en la vivienda. Sí, hay solución, esta ahí frente a nosotros, pero no podemos tardarnos demasiado en verla e implementarla.

ERNESTO BETANCOURT A., estudió la Licenciatura de #Arquitectura en la UNAM, así como un Master de Gestión Urbana en la Universidad Iberoamericana y la Universidad Politécnica de Catalunya. Colaboró con Teodoro González de León en obras como el Fondo de Cultura Económica, CNA y la Galería Mexicana del British Museum. En su despacho privado ha realizado proyectos de arquitectura, #urbanismo y espacio público para el FCE, Conaculta, SEP, UNAM y el GDF.

Ha colaborado con la Autoridad del Espacio Público del DF y actualmente con la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del DF en el área de Proyectos Estratégicos

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