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El sector inmobiliario en el desarrollo de nuestras ciudades

Ernesto Carlos Meana Saliñar

Por Ernesto Carlos Meana Sariñana.

 

El derecho a la vivienda, no es solamente un derecho humano de todo individuo, o una garantía Constitucional; sino una evidente  necesidad básica de todo hombre y de toda mujer  para hacer posible y asequible las actividades  de su vida diaria con dignidad y tranquilidad.

Ante ello, el estado mexicano, no sólo tiene la obligación de cumplir con su función social, sino de garantizar que ese derecho llegue a todos los ciudadanos; en especial a los de clases sociales  de precarios recursos, para poder así  brindar a todas y todos los mexicanos  una adecuada calidad de vida,  aunada a  una garantía más que corresponde a la libertad de trabajo, mientras éste sea lícito y no afecte derechos de terceros.

Para lograr lo anterior, necesitamos atender diversos aspectos de la vida social del país, a efecto de lograr objetivos sociales al amparo de la política de gobierno federal con la SEDESOL Y LA SEDATU, así como con  sus pares homólogos en el gobierno de nuestra ciudad  y de las entidades de la federación; todo ello,  en atención a  la ubicación geográfica, las  dimensiones territoriales, disponibilidad de infraestructura básica y servicios, entre otros aspectos.

El desarrollo de las ciudades, su crecimiento económico y social, así como la modernización del sector de la construcción, con nuevas técnicas, materiales  y productos diversos, deberán en ésta segunda decena  del siglo XXI, aportar crecimiento del sector de los bienes raíces  de tipo mixto, comercial, e industrial; ya que derivado de la importancia que ésta tiene en el PIB de la federación con un 5% estimado, la  política de promoción del sector inmobiliario y de  la vivienda,  forma parte fundamental  de una  agenda gubernamental moderna y progresista.

Hace varias  décadas, la disposición del Gobierno marcó una ruta hacia el crecimiento de los Bienes Raíces, implementando políticas de apoyo al sector privado y al sector público, lo que  ha motivado la creación y consolidación de instituciones nacionales y estatales cuyo objetivo  lo fue preferentemente el financiamiento y la construcción de viviendas de interés social en zonas urbanas. Tales ejemplos son  evidenciados en los años ochenta,  con los programas de vivienda principalmente de interés social financiados por instituciones como Infonavit y Fovissste, los cuales  desarrollaron algunos espacios  como los llamados multifamiliares en régimen de condominio, principalmente de tipo vertical.

Después de los sismos de 1985, en  la ciudad de México y otros estados;  nuestra ciudad y en general muchas entidades de la federación como Guerrero, Michoacán, Oaxaca, Puebla por citar unas cuantas,  tuvieron que hacer adecuaciones a las diversas normas legales en materia de vivienda y desarrollo inmobiliario, para ajustarlas a una modernidad y previsión de potenciales desastres;  normatividad que en materia  de construcción se hizo posible con leyes  a favor del Desarrollo Urbano, Vivienda  etc.  para garantizar una mejor calidad de “hábitat” que considerara la permisividad de una  alta sismicidad en el país.  Lo anterior, fue muy importante  ante los sucesos ya citados, por lo que el  poder legislativo  se aplicó en diseñar nuevas leyes y reglamentos por la afectación sufrida.

Años después a principios del siglo XXI,  se modificó la política nacional de vivienda, al transformarse el papel del gobierno que dejó de construir vivienda para sólo financiarla, y el sector privado se convirtió en el sector responsable de la generación  de empleos dedicados a la construcción.  Fue por ello que el Plan Nacional de Desarrollo implementado por las administración federal, con apoyo en la Conavi y la  Canadevi,  las Secretarias de Economía, y de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano  entre otras instituciones  están constituidas para garantizar  el acceso a la vivienda casi para todos los mexicanos; pero  ¡ aún falta mucho por hacer ¡

En  el año de 2017 se promulgó la nueva  Ley de Vivienda en la ciudad de México,  acorde a la realidad de nuestros días, en congruencia con las características económicas, sociales, urbanas, de movilidad, ambientales y poblacionales de nuestra ciudad. A través de ella,  se hace hincapié en que ésta  contiene más claramente el derecho  irrestricto a la vivienda de los mexicanos, la cuál  debe ser cubierta mediante la acción del sector público, privado y social, así como la importancia de ésta nueva legislación como motor del desarrollo económico de la capital del país.

La creación de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) cuya función es formular, ejecutar, conducir, evaluar, y dar seguimiento a la Política Nacional de Vivienda y el Programa nacional en la materia, así como proponer en su caso, las adecuaciones correspondientes, de conformidad  a una política de estado; han sido parte  de  los objetivos y prioridades que han  marcado los diversos gobiernos en las últimas décadas. Aunado a lo anterior, el estado ha implementado el RUV (registro único de vivienda), en donde instancias del sector como el Infonavit, y la Comisión Nacional de Vivienda, registrarán cada movimiento de compra-venta de cualquier predio que se haga; lo que implementará un control de las operaciones comerciales que se realicen.
En éstos tiempos modernos de crecimiento social,  los llamados “Milenians” han despertado a través de una demanda de habitación,  una de las llamadas “Burbujas” por la alternativa de renta y compra de espacios pequeños para poder establecerse, pero no de manera sedentaria, sino nómada, o sea cambiante. En efecto, en el segundo de los casos <compra>, los   financiamientos y créditos en este sector no son tan atractivos para éstos grupos; de  ahí que los desarrolladores  de modelos habitacionales de vivienda media, se están concentrando  en la construcción de  pequeños espacios  de acuerdo a la densidad de construcción autorizada, pero con buenos acabados,  y  “amenities” para ofertar renta.

Por otro lado, la política del Gobierno de la Ciudad, las autoridades en la materia y las Asociaciones inmobiliarias  de reconocido prestigio como  AMPI en la ciudad de México, deberán de coadyuvar en mesas de dialogó  e intercambio de opiniones para fortalecer no sólo a las instituciones, sino a la política de crecimiento y desarrollo sustentable en materia de espacios de vivienda y establecimientos comerciales adecuados, con normatividad justa, clara y congruente. ….    “Tenemos todos que apoyar la oferta de productos y servicios, ante una demanda claramente definida para evitar potenciales problemas de burbujas inflacionarias en la oferta de vivienda; hay que inducir que la banca comercial se comprometa más  al financiamiento de la producción de vivienda para éste 2018;  año de complicados retos políticos para las siguientes dos décadas por lo menos.

Este trabajo; es un trabajo que tiene que hacer el sector financiero como banca de desarrollo, y el gobierno con una política de ajuste tributario menor para incentivar a los desarrolladores a la inversión;  ello aunado a la adecuada  aplicación de las leyes y normas complementarias en el sector inmobiliario.    ¡¡  Vivimos en un estado de Derecho, hay que respetarlo,  e ir con todo en contra de la corrupción ¡¡

 

Ernesto Carlos Meana Sariñana.  Presidente de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios Cd de Mex. A.C.

[email protected]

www.amidf.com.mx