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Herramientas tecnológicas y buenas leyes para combatir la corrupción

Por Dunia Ludlow*

Uno de los principales motores de la economía de la Ciudad de México es el desarrollo inmobiliario. De 2012 a la fecha, de acuerdo con estimaciones de los principales desarrolladores, se han invertido alrededor de 13.5 mil millones de dólares. En tanto, el Colegio de Notarios de esta capital estima que esta actividad genera alrededor de 190 mil millones de pesos por recaudación de impuestos. Se trata de un dinamismo económico que debemos preservar y encauzar para hacerlo compatible con la protección de los recursos naturales, con el fomento a la movilidad, la generación de espacios públicos de calidad y con un mejor nivel de vida para todas y todos sus habitantes.

Una de las principales amenazas para lograr estos propósitos es la existencia de trámites engorrosos, repetitivos y hasta contradictorios que dificultan la inversión, encarecen los servicios y evidentemente fomentan la corrupción. Un ejemplo claro es el tiempo que tarda la expedición de licencias de construcción. La tipo A, que debería entregarse en cien días hábiles, en promedio se lleva más de 300; la tipo B que debería obtenerse en 145 días se prolonga hasta 428.

La demora en este y otros trámites favorece la realización de sobornos y otros pagos ilegales, que terminan por encarecer el precio final de los inmuebles. Para el caso de las viviendas, dicho incremento oscila entre 3 y 5%.

Por otra parte, algunos desarrolladores también han sacado provecho de los vacíos legales y la falta de sanciones en las normas, como en el caso de las normas 10 y 26. Ésta última, que se diseñó para incentivar la producción de vivienda de interés social, fue tergiversada y aprovechada para construir viviendas con beneficios fiscales, que más tarde eran re-vendidas a precios de mercado, con el consecuente beneficio para los desarrolladores.

Por si fuera poco, también es posible documentar la ausencia de una adecuada regulación y vigilancia en temas ambientales, que perjudica la calidad de vida y pone en riesgo la sustentabilidad de la ciudad.
¿Qué hacer frente a ello? En el contexto actual de la creación de la Constitución de la Ciudad de México y la elaboración de las leyes secundarias, estoy impulsando una serie de reformas legales para digitalizar y sistematizar todo el proceso administrativo vinculado al desarrollo urbano, a fin de blindarlo en contra de la corrupción, hacerlo totalmente transparente, brindar certeza jurídica a la inversión y a la ciudadanía y, entre otras cosas, generar información confiable y verificable para la planeación.

La creación de este sistema implica interconectar las bases de datos de todas las instancias que intervienen en los procesos de autorización, seguimiento y vigilancia del desarrollo urbano, así como construir un sistema de información geográfica. Para darle un carácter obligatorio, presentaré una serie de adiciones a las nuevas leyes que actualmente está elaborando la Asamblea, a la Ley Orgánica de la Administración Pública, la de Alcaldías y del Congreso; y plantearé reformas y adiciones a la Ley de Desarrollo Urbano.

Este sistema tendría que cubrir las etapas de información, diagnóstico, monitoreo y evaluación del desarrollo, con información demográfica, sobre movilidad, los riesgos en materia de protección civil, el equipamiento de los servicios públicos, la disponibilidad de infraestructura, los valores del suelo, los programas delegacionales y parciales de desarrollo urbano, la actividad económica, las condiciones de las viviendas, el tipo de propiedad y, entre otras cosas, la existencia y condiciones del patrimonio urbano.

Si en realidad queremos construir una ciudad de vanguardia, si estamos decididos a reorientar el desarrollo urbano y aprovechar su riqueza, no podemos seguir con un proceso administrativo arcaico y desconectado. No podemos permitir que las decisiones fundamentales para el presente y el futuro de esta ciudad estén sujetas a la discrecionalidad de los funcionarios y expuestas a la corrupción. Por el contrario requerimos un proceso sistemático, blindado digitalmente, transparente para las y los usuarios y con capacidad para incidir de manera expedita y eficaz en la toma de decisiones.

*Dunia Ludlow es Presidenta de la Comisión de Vivienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Maestra en Gobierno y Administración Pública por la Universidad Complutense de Madrid, España.
Correo electrónico: [email protected]