El sector privado y gobiernos deben tener mayor vigilancia sobre sus socios comerciales para evitar actos de corrupción
Actualmente no es válido que la iniciativa privada y autoridades argumenten que no sabían que realizaban negocios con entidades relacionadas con actos de corrupción, pues cada vez hay mayor investigación sobre este tema en el mundo, consideró Daniel Ortiz, director de Desarrollo de Negocio para Latinoamérica de LexisNexis Risk Solutions, empresa dedicada a la evaluación y gestión de riesgos.
En entrevista para Centro Urbano, el especialista dijo que los gobiernos y empresarios deben ser más cuidadosos de las actividades que realizan, trabajar apegados a las leyes y con la ética suficiente, ya que no sólo se tratan de sanciones monetarias o fiscales, sino que la imagen de las personas queda afectada.
“El daño de la reputación puede ser tan grave como una multa monetaria, podemos ver que las personas físicas y morales son expuestas por temas de corrupción, soborno y lavado de dinero. Lo que provoca que ya no se quieran hacer negocios con ellos, aquí es donde las empresas se deben preguntar qué tanto les preocupa su imagen, su marca como inmobiliaria, como constructora”.
Explicó que actualmente trabajan en el país con distintas autoridades gubernamentales y empresas, con el propósito de prevenir la interacción comercial con entidades que operen fuera de la ley, principalmente en actos de corrupción y lavado de dinero.
“Trabajamos con distintas instituciones, con autoridades del gobierno, con la banca de desarrollo, con instituciones financieras que dan créditos a personas físicas y morales, podemos contemplar desde fideicomisos, bancos, consorcios, Sociedades Financieras de Objeto Múltiple (Sofomes), también con la industria privada, empresas transnacionales, que se dedican a la venta de materiales de construcción, a la comercialización de concreto, de acero, de bienes raíces”, agregó.
A quienes les explican que debe existir un adecuado proceso en toda la actividad, desde la solitud de permisos para hacer una obra, la parte de comercialización, en los suministros que se utilizan en la actividad inmobiliaria, en el proceso de escrituración, entre otros.
“Tener dinero no es delito, el no saber justificar de dónde provienen los fondos sí lo es. Están en la persona que realiza la actividad comercial inmobiliaria, así como en la que da fe de la operación, en las empresas e instituciones involucradas, no podemos caer en temas de corrupción la parte contratante ni adquiriente para poder tener un país más transparente y más seguro en estos temas”.
Casos detectados en México
Daniel Ortiz detalló que en el país, de acuerdo con los análisis que han hecho, las principales irregularidades que se han detectado son los sobreprecios al momento de realizar algún concurso o licitación para una obra.
“En este caso, las recomendaciones que hacemos es que se verifique que la constructora, la inmobiliaria o desarrolladora no esté bajó investigación o sea sospechosa de estar vinculada al lavado de dinero, corrupción o soborno”.
Agregó que las actividades ilícitas no sólo afectan a los directivos de las empresas o a las autoridades, sino también a quien de buena fe realiza una transacción para adquirir un inmueble, porque si no se tiene la certeza de la integridad de los desarrolladores, de los inversionistas que están involucrados, con el paso del tiempo, si hay irregularidades, se pueden confiscar los bienes inmuebles que estén vinculado con dichas actividades.
“Existe una ley que se llama Extinción de dominio, en que las autoridades pueden adjudicar los inmuebles que están mal habidos. Entonces una persona decente que compró un inmueble y a la mera hora, las personas que están detrás de este inmueble resulta que están vinculadas a una operación ilícita, como el lavado de dinero o actos de corrupción, pueden perder su patrimonio”.
Por lo que recomendó que la iniciativa privada, gobiernos y sociedad tengan mayor vigilancia sobre estos aspectos, para tener una actividad comercial más sana y no se ponga en riesgo ni el patrimonio de la gente, ni la integridad e imagen de los desarrolladores inmobiliarios, constructoras y autoridades.
“Debemos reflexionar qué procesos tenemos en sitio en nuestras empresas para mitigar este riesgo y no caer en la tentación de hacer negocios fraudulentos, que no se apeguen a la ley y no cuenten con los debidos procesos y ética necesaria”.
