Trabaja con los gobiernos estatales para que los municipios depositen el material en lugares autorizados
Para asegurar una correcta disposición de los residuos producto de las demoliciones de construcciones afectadas por los sismos, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) mantendrá vigiladas las zonas federales en los municipios afectados.
Entre las acciones que se llevan a cabo son la atención a denuncias ciudadanas sobre impactos ambientales, así como el trabajo coordinado con los gobiernos estatales para informar a los municipios sobre sus obligaciones y la sanción por no cumplirlas.
“La comisión de infracciones ha derivado en la clausura de sitios de disposición de estos residuos, así como a la apertura de procedimientos administrativos sancionatorios como lo ocurrido recientemente en el municipio de Asunción Ixtaltepec, en donde los residuos estuvieron acumulándose en la ribera del ‘Río Los Perros’”, explicó la Profepa.
Las sanciones pueden ser de varios millones de pesos, de acuerdo con la gravedad de los incumplimientos que detecten los inspectores de la dependencia; a esto se pueden sumar sanciones de las autoridades estatales.
El cascajo está considerado como responsabilidad de los estados por la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, por lo que son ellos quienes autorizan los sitios en los que se pueden tirar dichos residuos.
“Cuando estos sean dispuestos en zonas federales, como áreas naturales protegidas, zonas forestales, riberas de ríos, derechos de vía o en la zona costera, la federación, a través de la Profepa, aplicará la legislación federal vigente en materia de impacto ambiental y cambio de uso de suelo forestal”.
El 9 de octubre fue clausurado de manera total temporal la Zona Federal de la ribera del ‘Río Los Perros’ o de ‘Las Nutrias’, en el Ayuntamiento de Asunción Ixtaltepec, Oaxaca, ante el depósito de 4,783 metros cúbicos de residuos provenientes de la demolición de las edificaciones afectadas por los sismos sin contar con la autorización emitida por la Semarnat.
La medida de seguridad fue resultado de una visita de inspección practicada a fin de vigilar lo establecido en la fracción X del artículo 28 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.
La Procuraduría constató que las autoridades locales realizaban actividades en la ribera comprendida como zona federal en un área total de 16,183 metros cuadrados, con lo que se afectaron 3,050 metros cuadrados.
Derivado del incumplimiento a estas obligaciones, se interpondrá una denuncia penal ante la Procuraduría General de la República (PGR) a fin de que se realicen las investigaciones en contra de quien resulte responsable.
De no respetar la clausura impuesta por la PROFEPA, se podrá imponer otra denuncia penal, por violación a la medida de seguridad.
Cabe destacar que las violaciones a la normatividad ambiental puede implicar una sanción económica de hasta 3.7 millones de pesos por cada infracción cometida.
