Decisiones discrecionales y corrupción son los principales temas que afectan la certeza jurídica de la inversión inmobiliaria
La corrupción es uno de los problemas jurídicos que más afectan a la inversión inmobiliaria, coincidieron abogados y notarios públicos que participaron en el Primer Foro Retos de la Seguridad Jurídica La Protección de la Inversión Inmobiliaria.
Antonio Prida, socio de la firma de abogados internacional Curtis Mallet, consideró que se deben eliminar las facultades discrecionales de las autoridades, ya que hacen excepción a la regla en cuanto a los programas de desarrollo urbano.
“Vemos que muchos de los temas de corrupción se dan porque la autoridad tiene capacidad de hacer excepciones a la regla general, si en los planes de desarrollo se establece una altura máxima, debe ser esa altura y si se establece una densidad determinada debe ser obligatoria para todos, en la medida en que le quitemos facultades discrecionales a la autoridad será posible reducir la corrupción”.
Agregó que también durante el proceso de compra de un inmueble se presenta la corrupción, como en la compra de una casa de interés social, en donde al no haber experiencia en ese tipo de transacciones se pueden cometer abusos de las desarrolladoras, pero también para el inversionista sobre la legitimidad de posesión.
“El principal riesgo del inversionista son las inconsistencias registrales, el que haya un doble folio de una propiedad o que una subdivisión no esté hecha. Algunos de los riegos que tiene el comprador es que ante la falta de pago por parte de las grandes desarrolladoras, hay notarios que posponen o suspenden el registro de una venta y ante este desconocimiento de los compradores, reciben su escritura son el sello de inscripción en el registro público de la propiedad”.
Juan Carlos Solís Mendoza, coordinador ejecutivo de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, consideró también que un riesgo para las inversiones son las compras que se hacen en tierras ejidales, pues no siempre se tiene la certeza jurídica de comprar con el dueño legítimo de los terrenos.
“Se tiene que ver bien las escrituras de la propiedad, las licencias de construcción, permisos en inmuebles que estén en núcleos agrarios, para poder regularizar vana a tener que negociar en las asambleas ejidatarias que se hagan. Mi recomendación es que se analice dónde están las escrituras y los inmuebles, y si ya se tiene problemas sobre esas propiedades, se acuda directamente con las autoridades, no asesoren con gestores, sino con los titulares de las oficinas agrarias”.
Miguel Ramírez, Notario Público 22 de Celaya también abordó el tema de las compras en terrenos ejidales, en donde una de las dificultades que se han detectado es que los propietarios originales no heredaron de forma legal esas tierras, además de que los actuales dueños no tienen interés por continuar con el trabajo de esos terrenos.
“Algunos de los temas en donde se da la corrupción, previo a la inversión, es en las tenencias, el uso de suelo, las restricciones y limitantes ecológicas. Por esta situación, un inversionista puede comprar 40 parcelas para hacer un parque industrial, pero tiene 20 escrituras sobre esas propiedades y que se haga la escrituración y fusión no es sencillo”.
En el evento también participó Enrique Farah, socio de Revilla Abogados, quien habló sobre los mecanismos de inversión para los proyectos, pues son líneas de conductoras de protección jurídica, por lo que se debe hacer una revisión legal, su formalización y puesta en marcha, considerar la vida útil y conclusión del proyecto.
“Se tiene que determinar el vehículo de inversión, no se puede aislar lo legal de todos los demás temas de la inversión, todo va ligado para tener un desarrollo exitoso, ya sea por un fideicomiso, una sociedad, por un tercero. Poner en marcha el desarrollo inmobiliario y el enfoque correcto evitan problemas en el camino”.
